Ante la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de crear un registro electrónico de colaboradores de extranjería, el Consejo General ha presentado alegaciones para evitar, como ha denunciado nuestro presidente, riesgos como el de un sistema de intermediación subvencionada sin explicar su financiación ni su sostenibilidad.
Bajo la apariencia de facilitar los trámites a los ciudadanos extranjeros, esta iniciativa ministerial, se oculta un modelo que excluye a profesionales cualificados que llevan décadas prestando este servicio con formación acreditada, responsabilidad civil y control colegial.
Apelando a la gratuidad, este proyecto limita la intermediación a asociaciones y sindicatos, sin aclarar cómo se podrá sostener económicamente. Y cuando se habla de gratuidad, sin mencionar cómo se financiará, el riesgo de duplicación de costes públicos y de una gestión poco eficiente, parece bastante claro.
Por otra parte, se corre el riesgo de crear un canal privado de intermediación administrativa que rompe tanto el principio de la competencia como el de la libertad de elección del ciudadano.
No parece razonable diseñar procedimientos que empujen necesariamente a buscar intermediarios financiados con dinero público.
El verdadero reto no está en inventar nuevas figuras, sino en simplificar los trámites.
