La encomienda firmada entre la Comunidad de Madrid y el ICOGAM es un claro ejemplo de cómo la cooperación público-profesional puede convertirse en un motor real de modernización administrativa y dinamización económica.
Más aun, la reciente formalización de la encomienda de gestión en materia de transporte terrestre y tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida evidencia que simplificar los trámites no es solo una cuestión técnica, sino una decisión estratégica con impacto directo en la productividad y la competitividad del tejido empresarial madrileño.
Desde su entrada en vigor en septiembre de 2025, los resultados hablan por sí solos. La tramitación electrónica de cientos de expedientes por parte de gestores administrativos colegiados ha reducido el tiempo medio de gestión a apenas 25 minutos, permitiendo a las empresas del sector del transporte planificar mejor su actividad, reducir tiempos improductivos y poner antes sus vehículos en funcionamiento. Esta agilidad se traduce en eficiencia económica, creación de valor y mejora del servicio público.
El modelo se apoya en la intervención de profesionales cualificados que garantizan la corrección de la documentación y canalizan los procedimientos de forma digital y centralizada, liberando a la Administración para centrarse en el análisis y la resolución. Todo ello, además, sin incrementar el gasto público y con mecanismos de control y garantía plenamente consolidados.