El Gobierno de España se encuentra en la fase final de elaboración de un nuevo reglamento de extranjería que busca agilizar los trámites para los 6,5 millones de inmigrantes que residen en el país. Esta normativa, que se espera que llegue al Consejo de Ministros en noviembre, tiene como objetivo recortar la burocracia actual y adaptarse a la realidad demográfica y económica de España.
El nuevo reglamento, que será implementado mediante un Real Decreto y, por tanto, no requerirá la aprobación del Congreso, introduce varias modificaciones importantes. Entre ellas, se reduce de tres a dos años el tiempo necesario para que los inmigrantes en situación irregular puedan obtener un permiso de residencia y trabajo. También se establece la figura del «arraigo de segunda oportunidad«, que permitirá a quienes hayan perdido su autorización en el pasado recuperar su estatus legal.
Además, el reglamento abre una vía transitoria para que los solicitantes de asilo, a quienes se les haya denegado la protección en el pasado, puedan regularizar su situación tras seis meses de residencia en España. También se simplifican los trámites para los estudiantes extranjeros, quienes podrán pasar directamente de un permiso de estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo en sectores vinculados a su formación, sin necesidad de un contrato previo.
Los visados para la búsqueda de empleo también experimentarán cambios, extendiéndose su vigencia de tres meses a un año. Esta medida aplicará, entre otros, a los descendientes de españoles de origen y a personas que busquen trabajar en sectores específicos.
En un contexto en el que las políticas migratorias europeas han endurecido su enfoque, el Gobierno español mantiene una posición más abierta hacia la inmigración. «La inmigración legal es una forma de financiar nuestras economías», aseguró el presidente Sánchez en una reciente cumbre del Consejo Europeo, subrayando que las reformas propuestas aliviarán la presión sobre sectores con escasez de mano de obra y aumentarán el capital humano disponible para las empresas españolas.
Antes de su aprobación definitiva, el nuevo reglamento deberá ser revisado por el Consejo de Estado, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión General de Secretarios de Estado, pero se espera que las modificaciones tengan un impacto positivo en la gestión migratoria del país.
Los gestores administrativos juegan un papel clave en la realización de trámites relacionados con extranjería, facilitando a los inmigrantes el acceso a permisos de residencia y trabajo. Más del 60% de las gestiones migratorias, como la obtención de visados, solicitudes de nacionalidad, renovaciones de permisos y regularización por arraigo, son tramitadas a través de sus oficinas. Además, los gestores agilizan procesos que pueden demorar meses si se realizan de forma particular, lo que reduce los tiempos de espera hasta en un 40%.
