El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, con medidas urgentes frente a la vulnerabilidad social, en el ámbito tributario y de financiación territorial. Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables y refuerza la protección frente a la pobreza energética. Condiciona ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Mantiene límites en módulos de IRPF e IVA, amplía deducciones verdes e incentivos a la eficiencia y actualiza entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales.
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