Los incendios forestales que este verano han devastado más de 400.000 hectáreas en España han dejado tras de sí pérdidas millonarias aún imposibles de cuantificar con precisión. La magnitud de la tragedia afecta a familias que han perdido su hogar, agricultores y ganaderos que se han quedado sin cultivos ni pastos, y también a infraestructuras estratégicas como el ferrocarril, lo que ha afectado a más de 55.000 pasajeros.
El Gobierno ha anunciado que declarará como zonas catastróficas las áreas más afectadas, lo que permitirá activar ayudas económicas excepcionales para los damnificados. A nivel autonómico, comunidades como Castilla y León también han puesto en marcha medidas de apoyo. Sin embargo, más allá de las ayudas públicas, los seguros privados se convierten en la primera línea de defensa frente a las pérdidas materiales, ya que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre este tipo de catástrofes, como sí hizo con los afectados por la DANA o el volcán de La Palma.
El impacto de los incendios forestales en hogares y vehículos
En el ámbito residencial, la cobertura de los seguros de hogar frente a incendios es habitual, pero no homogénea. Algunas pólizas incluyen compensaciones completas por daños en la vivienda e incluso cubren gastos de alojamiento alternativo hasta que se pueda regresar al domicilio. Otras, sin embargo, ofrecen indemnizaciones más limitadas que obligan a los afectados a complementar con ahorros o esperar ayudas públicas.
En cuanto a los vehículos, la situación es más compleja. El seguro a terceros básico no suele cubrir incendios provocados por causas de fuerza mayor, de modo que solo quienes cuentan con pólizas a terceros ampliadas o a todo riesgo pueden optar a una indemnización. Además, el tipo de compensación varía: mientras algunas compañías abonan el valor venal del coche (precio justo antes del siniestro), otras contemplan el valor de nuevo, lo que puede marcar la diferencia entre poder reemplazar el vehículo o recibir una cantidad insuficiente.
Agricultura y ganadería: el sector más golpeado
El campo español es uno de los grandes damnificados. Según datos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), las pérdidas superan ya los 600 millones de euros, afectando a cultivos de cereal, viñedo, olivar y frutales en regiones como el Valle del Jerte o Castilla y León.
En este contexto, los seguros agrarios son un salvavidas imprescindible. El riesgo de incendio está contemplado en la cobertura básica de la mayoría de pólizas agrícolas, independientemente de si el origen del fuego es fortuito o provocado. En el caso del ganado, además de indemnizaciones económicas, se incluyen los gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos, un coste añadido que en circunstancias normales asumiría directamente el ganadero.
Los plazos de respuesta de Agroseguro son relativamente ágiles: tras la comunicación del siniestro y la visita del perito, la indemnización media se abona en un plazo de entre 25 y 30 días. Una rapidez que contrasta con la tramitación más lenta de las ayudas públicas.
¿Qué pasa con quienes no tienen seguro?
La realidad es que muchas familias y pequeños productores carecen de un seguro que cubra los daños ocasionados por un incendio. En estos casos, la única opción es la declaración de zona catastrófica, que habilita subvenciones extraordinarias para reconstruir viviendas, adquirir vehículos o compensar parcialmente las pérdidas agrarias.
Estas ayudas también alcanzan a quienes sí cuentan con seguro, pero en su caso funcionan como un complemento. Sin embargo, las cantidades, los plazos y los destinos específicos de las subvenciones dependen de las órdenes que aprueben tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, lo que genera incertidumbre entre los damnificados.
Pasajeros afectados por los cortes ferroviarios
El fuego no solo ha tenido consecuencias materiales directas. Más de 55.000 pasajeros se vieron afectados por la suspensión del tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia durante una semana. En este caso, las posibilidades de reclamación son muy limitadas, ya que la ley considera los incendios un evento de fuerza mayor.
Los viajeros tienen derecho a la devolución del billete o a un transporte alternativo, pero no pueden reclamar indemnizaciones adicionales por daños colaterales como noches de hotel perdidas, vacaciones interrumpidas o gastos extras de transporte. Esta situación ha generado malestar entre los afectados, aunque la normativa actual no contempla compensaciones más amplias.
Una catástrofe con efectos duraderos
Los incendios de 2025 ya superan a los de 2022 en superficie calcinada, lo que convierte a este verano en el más devastador de la última década. Las consecuencias van más allá de la pérdida inmediata:
Familias que deben rehacer su vida tras perder sus hogares.
Agricultores que afrontan años de recuperación hasta volver a producir.
Ganaderos que se han quedado sin animales ni pastos para alimentar a los que sobrevivieron.
Pérdidas medioambientales irreversibles en ecosistemas enteros.
Conclusión
El balance de los incendios forestales de 2025 no se mide solo en hectáreas calcinadas, sino en las vidas y proyectos truncados de miles de personas. Mientras los seguros permiten recuperar parte de lo perdido, quienes carecen de cobertura dependen por completo de la declaración de zona catastrófica y de las ayudas extraordinarias.
En un escenario de tanta complejidad, acudir a un gestor administrativo puede ser decisivo. Estos profesionales cuentan con la formación y la habilitación oficial para asesorar en la reclamación de indemnizaciones y, sobre todo, en la tramitación de las ayudas estatales y autonómicas, que en muchos casos resultan confusas o presentan plazos ajustados. Con su apoyo, los afectados pueden agilizar gestiones, evitar errores y garantizar que no pierden ninguna ayuda que les corresponda.
