En un contexto de constante evolución tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial se han convertido en piezas fundamentales para la modernización de las administraciones públicas. Esta transformación digital no solo busca mejorar la eficiencia y la transparencia, facilitando la relación con el ciudadano, sino también reforzar la capacidad de estas entidades para detectar y prevenir fraudes.
La digitalización de procesos y la implementación de sistemas basados en IA han permitido una mayor capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos, posibilitando la identificación de patrones sospechosos y comportamientos anómalos. De hecho, según el estudio de 2023 sobre la prevención de Fraude de Deloitte, el 91% de las administraciones y organizaciones apuntan que las técnicas analíticas basadas en Inteligencia Artificial serán las medidas con mayor relevancia en la prevención de fraude en el futuro próximo.
En España, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 es una muestra del compromiso gubernamental con esta transformación. Este plan tiene como propósito modernizar los sistemas y procesos administrativos, siendo la lucha contra el fraude uno de los objetivos principales en varias de las medidas propuestas. Las iniciativas incluidas en este plan promueven la utilización de la IA y la analítica avanzada de datos para mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de prevención del fraude.
A pesar de los avances, la implementación de la IA y la digitalización en la detección y prevención de fraudes tiene tres grandes retos por delante: la gestión subyacente del gran volumen de datos disponible en los diferentes sistemas de las administraciones, la correcta integración de estos datos de manera que se garantice la homogenización y la calidad de la información y, por último, la actualización constante de los datos.
Por otro lado, el uso de IA en la detección de fraudes también plantea importantes cuestiones éticas y de privacidad que es necesario abordar con el objetivo de asegurar que los sistemas sean claros, transparentes y que se respeten los derechos de los individuos. En este sentido, la implementación de IA debe ir acompañada de marcos regulatorios adecuados que garanticen la protección de los datos y la equidad en el proceso de toma de decisiones. La transparencia en los algoritmos y la responsabilidad en el uso de la IA son fundamentales para mantener la confianza del público y asegurar el cumplimiento de las normativas de privacidad.
Para superar estos desafíos, es fundamental adoptar un enfoque estratégico que combine tecnología avanzada, formación continua y marcos regulatorios adecuados.
La implementación de sistemas de gestión de datos integrados implica el desarrollo y la adopción de herramientas analíticas avanzadas que permitan el intercambio de datos y la interoperabilidad de estos entre diferentes departamentos y entidades. Esto facilitará un análisis más completo y preciso de los datos, mejorando la capacidad de detección de fraudes.
De igual manera, promover una cultura organizacional que valore la innovación y la adaptación al cambio se convierte en otro tema de especial importancia y que se puede lograr mediante la formación continua y la capacitación de los empleados en el uso de estas nuevas tecnologías y metodologías de trabajo. Es importante reconocer y recompensar la adopción de prácticas innovadoras y la participación en iniciativas de transformación digital.
No menos importante es fomentar la colaboración entre el sector público y el privado para compartir conocimientos, aproximaciones tecnológicas, analíticas y casos de éxito. Las alianzas estratégicas deben acelerar la implementación de soluciones innovadoras y mejorar la capacidad de las administraciones públicas para detectar y prevenir fraudes. La experiencia acumulada sobre la prevención de fraude en el sector privado ofrece valiosos conocimientos y herramientas que complementen las capacidades internas de las administraciones públicas. Y también en sentido contrario: existen modelos analíticos de prevención de fraude desarrollados por administraciones públicas que serían de gran utilidad en el sector privado.
En definitiva, la IA y la digitalización representan una oportunidad sin precedentes para mejorar la detección y prevención de fraudes en las administraciones públicas. A pesar de que existen desafíos significativos, un enfoque estratégico y colaborativo puede ayudarnos a superar estos obstáculos y desbloquear el potencial de estas tecnologías. La adopción de sistemas de gestión de datos integrados, la promoción de una cultura de innovación, el desarrollo de marcos éticos y regulatorios, junto con la colaboración público-privada, son pasos cruciales en este camino. La modernización digital de las administraciones públicas no solo mejorará la eficiencia y la transparencia, sino que también fortalecerá la confianza de los ciudadanos en estas instituciones, garantizando una gestión más justa y efectiva de los recursos públicos.