La destructora DANA que el pasado martes devastó la provincia de Valencia y zonas de Albacete, afectando tanto a la población como a la infraestructura y la economía local, se ha cobrado ya la vida de 214 personas. Además, se ha producido un daño considerable en la actividad económica, particularmente en las áreas comerciales, donde muchas tiendas y negocios en plantas bajas han sido inundados por el desbordamiento de ríos y barrancos.
La Cámara de Comercio de Valencia ha realizado un informe preliminar que revela que 32 localidades han sido las más afectadas. Esta zona, hogar de 535.479 personas (una quinta parte de la población provincial), ha experimentado daños “severos o muy grandes”, impactando significativamente la actividad económica y los servicios. “Los daños materiales en las instalaciones, equipos, mobiliario y vehículos, junto con el deterioro o pérdidas de existencias y productos almacenados, son de diversa consideración”, explica el informe.
En respuesta a esta situación, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, liderado por su presidente Fernando Santiago Ollero, ha anunciado una medida concreta para ayudar a las personas afectadas. Los gestores administrativos devolverán una parte del coste de los trámites de baja temporal de vehículos realizados a través de sus plataformas tecnológicas. Esta iniciativa se enmarca en un plan más amplio de apoyo a las pymes y la población afectada por la DANA.
Medidas inmediatas y cooperación institucional
Fernando Santiago, en una carta abierta, hizo hincapié en la importancia de la rapidez y eficacia en la gestión de ayudas, pero sin caer en la precipitación. “Si algo hemos aprendido de la pandemia es de que las cosas se pueden hacer de forma precipitada o bien. Es evidente que la angustia que esta situación está provocando entre los damnificados requiere una rápida respuesta. Así debe ser. Pero no precipitada. Esperar unas horas puede ser fundamental para ganar tiempo y eficacia después”, señaló.
El presidente destacó que tanto la Administración General del Estado como la Autonómica han contactado con los Colegios de Gestores Administrativos de las áreas más afectadas para coordinar la gestión de las ayudas, un gesto de colaboración que no se recibió durante la pandemia. Santiago Ollero expresó su agradecimiento por esta iniciativa y reafirmó el compromiso de los gestores administrativos como colaboradores sociales, junto con abogados, economistas y otros profesionales, para ayudar en la solicitud de ayudas.
El Consejo General y los Colegios de Gestores Administrativos han abierto cuentas corrientes para recaudar fondos destinados a recuperar la actividad de las gestorías, fundamentales para llevar a cabo los trámites necesarios. “No olvidemos que para hacer las gestiones precisamos que las gestorías estén a pleno rendimiento. Y vamos a trabajar en ello”, afirmó.
A pesar de que el Consejo General no puede intervenir en los precios fijados por los gestores administrativos debido a la normativa de libre competencia, Fernando Santiago subrayó que la devolución de los importes de los trámites de baja temporal de vehículos es un paso importante en la dirección correcta.
Con estas acciones, los Gestores Administrativos se posicionan una vez más como aliados cruciales en la gestión de crisis, ofreciendo apoyo tangible a la ciudadanía en los momentos más difíciles.
Impacto económico devastador en Valencia
El informe de la Cámara de Comercio de Valencia subraya que el 17,8% del parque empresarial de la provincia se encuentra en las áreas más afectadas, donde operan 31.567 empresas en 34.855 locales. Se estima que entre 4.000 y 4.500 locales han sido destruidos o gravemente dañados, afectando la actividad de 1.600 a 1.800 establecimientos comerciales minoristas. Las consecuencias han golpeado especialmente a municipios como Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Catarroja y otros, incluyendo el barrio de La Torre en la ciudad de Valencia.
La inundación de cientos de locales y la pérdida de productos y mercancías ha paralizado la actividad en 34 mercados municipales y 11 parques o centros comerciales. Además, los problemas de transporte y logística por el cierre de carreteras y vías de comunicación han complicado el acceso de trabajadores y clientes a los negocios, dificultando la reactivación económica.
