La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros anuales, aprobada por el Gobierno, ha generado un intenso debate sobre sus efectos reales en los trabajadores y en las empresas. A pesar de que el incremento del 4,41% en el SMI podría interpretarse como una mejora directa para los trabajadores con menores ingresos, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, advierte que una parte significativa del aumento no llegará a sus destinatarios finales, sino que quedará en manos del Estado a través de impuestos y cotizaciones sociales.
Un impacto significativo en la fiscalidad del trabajador
Según los cálculos realizados por los Gestores Administrativos, un trabajador soltero y sin hijos que perciba el nuevo SMI anual de 16.576 euros verá retenidos en su nómina 300 euros anuales en concepto de IRPF, lo que representa un 42,86% de los 700 euros de incremento aprobados. Además, según el ejemplo presentado para la Comunidad de Madrid, este mismo trabajador podría enfrentarse a un pago adicional de 445 euros en su declaración de la renta, si no se le aplican deducciones o reducciones.
Esta situación obligará a los perceptores del SMI a comunicar a sus pagadores sus datos personales y/o familiares para la práctica de retenciones, comprobar la corrección de las retenciones practicadas mensual y anualmente y, finalmente, a verificar si está obligado o no a declarar y si, aun no estándolo, le conviene presentar la declaración para recuperar retenciones efectuadas. Algo que supone un incremento de la burocracia para empresas y ciudadanos.
Este nuevo escenario fiscal surge porque, a diferencia de anteriores incrementos del SMI, el Gobierno no ha adaptado el mínimo exento de tributación del IRPF al nuevo nivel del salario mínimo. Esto implica que muchos trabajadores que hasta ahora estaban exentos de pagar IRPF pasarán a soportar retenciones en sus nóminas.
Una carga adicional para las pymes y micropymes
El presidente de los Gestores Administrativos también advierte sobre las consecuencias que esta medida tendrá para las empresas, especialmente para las pymes y micropymes, que son las principales empleadoras de trabajadores con SMI. Estas empresas no solo enfrentarán un aumento en los costes salariales directos, sino también en las cotizaciones a la Seguridad Social, que según los cálculos realizados podrían suponer una recaudación adicional para el Estado de más de 500 millones de euros.
“Además del incremento de costes directos por la subida del SMI, hay que considerar el aumento de los costes en seguros sociales, así como el impacto en el resto de los salarios en los pequeños negocios, que se ven incrementados por la cercanía entre el SMI y la siguiente escala salarial”, explica Santiago. En conjunto, sumando la recaudación adicional por IRPF y cotizaciones sociales, el impacto positivo para las arcas del Estado podría superar los 2.500 millones de euros.
Un cambio de criterio en la política fiscal
La ausencia de una adaptación del mínimo exento del IRPF al nuevo SMI contrasta con decisiones previas del Gobierno. En el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, el Ejecutivo justificaba la necesidad de ampliar el umbral de tributación para evitar que los perceptores del SMI soportaran retenciones. Sin embargo, en esta ocasión no se ha aplicado el mismo criterio.
Santiago Ollero se cuestiona si este cambio de postura tiene relación con la necesidad de compensar la pérdida de ingresos por la eliminación del Impuesto a las Eléctricas, que suponía 1.500 millones de euros, y que ahora se verá sustituida por una mayor recaudación en IRPF derivada de la tributación del SMI.
Ante esta situación, los Gestores Administrativos instan al Gobierno a rectificar y tomar dos medidas clave:
- Adaptar la tabla de retenciones del IRPF al nuevo SMI, evitando que los trabajadores con salarios mínimos se vean afectados por retenciones inesperadas.
- Incluir a todos los agentes sociales, incluidos los representantes de las empresas, en el proceso de toma de decisiones para futuras modificaciones salariales y fiscales.
“Espero que el Gobierno rectifique en un doble sentido: en primer lugar, que adapte la tabla de retenciones del IRPF en base a la subida del SMI y, de paso, que la deflacte. En segundo lugar, que los siguientes pasos los dé dialogando con todos los agentes sociales, incluidos los representantes de los negocios, sin advertencias, avisos ni amenazas”, concluye el presidente de los Gestores Administrativos.
