El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento de Extranjería diseñado para fomentar la integración de las personas migrantes a través del empleo, la formación y la unidad familiar. Esta reforma, presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, moderniza la normativa adaptándola a las demandas del mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de España. Además, alinea la legislación nacional con las directivas europeas pendientes.
Un enfoque renovado para los retos actuales
La ministra Saiz calificó esta reforma como la más ambiciosa desde la entrada en vigor de la normativa en 2011. Explicó que el texto busca equilibrio entre la protección de los derechos de las personas migrantes y las exigencias jurídicas, garantizando además seguridad jurídica y procedimientos simplificados. Según Saiz, la reforma abre nuevas puertas a quienes deciden desarrollar su proyecto de vida en España, luchando a la vez contra mafias y fraudes que vulneran derechos.
La actualización se ha desarrollado en colaboración con asociaciones de migrantes, sindicatos, patronales, comunidades autónomas y entidades locales, demostrando un compromiso con las necesidades del colectivo y la realidad migratoria actual.
Principales cambios en el nuevo Reglamento de Extranjería
Entre las novedades más destacadas está la creación de un título específico para visados, que clarifica los trámites y requisitos. Todas las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año y podrán renovarse por cuatro. Esto reduce los casos de irregularidad sobrevenida y permite a los migrantes cambiar su estatus sin necesidad de salir del país. Por ejemplo, un estudiante que finalice sus estudios podrá acceder fácilmente a una autorización de trabajo.
El visado de búsqueda de empleo también ha sido ampliado a un año, lo que facilita a los solicitantes encontrar trabajos que se ajusten a su perfil y a las empresas cubrir vacantes específicas.
Cinco figuras de arraigo
El nuevo reglamento amplía las modalidades de arraigo, con cinco figuras: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad. Esta última está diseñada para personas que hayan tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no la renovaron, ofreciendo una vía para la regularización.
El arraigo en general reduce de tres a dos años el tiempo mínimo de permanencia en España, flexibiliza los requisitos y habilita a los beneficiarios a trabajar desde el primer momento. Según datos oficiales, a finales de 2023 más de 210.000 personas contaban con autorización por arraigo, un 30% más que en 2022.
Impulso a trabajo, formación y familia
Trabajo: La reforma permite a las personas migrantes trabajar desde el inicio de su autorización, eliminando procesos adicionales. Esto incluye a estudiantes, quienes podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios. También se refuerzan los derechos de los trabajadores temporales, exigiendo contratos claros en un idioma que comprendan, mejoras en las condiciones de habitabilidad y seguridad en el proceso de contratación.
Las empresas, por su parte, tendrán más información y flexibilidad para gestionar contrataciones. La estabilidad aportada por el esquema 1+4 (autorizaciones de un año renovables por cuatro) garantiza mayor planificación para los empleadores.
Formación: Se han introducido mejoras significativas en las autorizaciones de estancia por estudios. Estas se extenderán durante la duración completa de la formación, con una vía directa para obtener permisos laborales tras concluir los estudios. Se refuerzan además las obligaciones de los centros educativos para proteger a los estudiantes de posibles fraudes.
Familia: En el ámbito familiar, se amplían los derechos de reagrupación, elevando la edad de los hijos reagrupados de 21 a 26 años y permitiendo incluir a parejas no registradas formalmente, siempre que se demuestre una relación análoga. También se contempla la protección de familiares de víctimas de trata, violencia de género o violencia sexual.
Estas medidas buscan garantizar la inclusión de los familiares en el proyecto de vida del migrante, facilitando su integración social y económica.
Se estima que estas reformas permitirán la regularización de 300.000 personas al año en los próximos tres años, fortaleciendo el tejido social y económico del país. Además, promueven una gestión migratoria eficiente y respetuosa con los derechos humanos, alineada con el Pacto Europeo para la Migración.
El nuevo Reglamento de Extranjería representa un avance significativo en la integración de las personas migrantes en España, combinando protección de derechos, simplificación de trámites y un enfoque inclusivo que beneficia tanto a los migrantes como al conjunto de la sociedad española.
