Los Gestores Administrativos critican la falta de negociación real en la propuesta de reducción de jornada laboral impulsada por Gobierno y Sindicatos. Su presidente, Fernando Santiago, advierte que imponer medidas sin diálogo puede abocar a muchos pequeños negocios al cierre y pide que se abandone la imposición y se trabaje en acuerdos realistas que consideren los recursos de pymes y autónomos.
El pasado julio, el Consejo General de los Gestores Administrativos calculó que la intención del Ejecutivo de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales podría generar un impacto económico negativo que alcanzarían los 15.000 millones de euros anuales. «El coste calculado es mínimo y siempre que los negocios puedan soportar contratar nuevo personal o ampliar la jornada de trabajadores a tiempo parcial, pues muchos se van a ver abocados al cierre», advierte Santiago.
“El diálogo social no debe ser un ultimátum”
Desde los Gestores Administrativos consideran que el diálogo social es esencial para implementar cambios laborales, y que, en lugar de propuestas en firme, el diálogo ha pasado a convertirse en un campo de imposiciones. Santiago es tajante al respecto, comentando que “en el diálogo social no caben los ultimátums sino las propuestas y la negociación, y no parece que esto lo estén entendiendo bien Gobierno y Sindicatos”.
La urgencia del Gobierno y Sindicatos, marcada con una fecha límite del 11 de noviembre para alcanzar un acuerdo, también ha generado incomodidad entre los sectores empresariales. Fernando Santiago Ollero critica este tipo de plazos, comparándolos con actitudes infantiles: “¿Pero en qué patio de colegio creen que estamos? Si no admites mis normas me llevo el balón”, afirma, subrayando que imponer condiciones sin una negociación adecuada está lejos de las expectativas de diálogo social que se deberían cumplir.
Para los Gestores Administrativos, la situación es clara: el diálogo social no debería imponer condiciones, sino fomentar acuerdos que beneficien a todas las partes. Santiago advierte de que imponer una medida que encarecerá de manera significativa los costes laborales puede llevar a muchos negocios al cierre, en lugar de ayudarlos a ser sostenibles. Desde su perspectiva, los pequeños negocios, además de soportar la carga de la reducción de jornada, han de hacer frente a la creciente burocracia y al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, elementos que agravan su situación financiera.
Los Gestores Administrativos se destacan por su acceso a datos específicos sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, datos que, según apuntan, son distintos a los de las grandes compañías y a los que otros agentes sociales no siempre tienen acceso. «Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que se sienten las partes a negociar teniendo los números claros desde el principio», puntualiza Fernando Santiago, aludiendo a la importancia de utilizar cifras reales para entender la viabilidad de estas medidas.
Santiago Ollero también cuestiona las ayudas otorgadas a empresas en el marco de iniciativas como la de Red.es, que distribuyó 2.000 millones de euros entre 485.000 empresas y autónomos con fondos europeos. Aunque la cifra pueda parecer elevada, el presidente de los Gestores Administrativos invita a cuestionarse su impacto real en los pequeños negocios: “¿Pero tenemos claro donde se han invertido esos millones y el efecto mejora que le ha supuesto a todos esos negocios?”, plantea.
La reducción de jornada y su implementación ha sido motivo de numerosas fricciones, y los Gestores Administrativos se suman a otras voces empresariales que creen que las ayudas, cuando son insuficientes, agravan las diferencias entre los negocios. “Los 350 millones de euros que ofrecen no dejan de ser migajas a corto plazo, solo para el primer ejercicio, que no cubre a todas las empresas, generando una nueva discriminación entre unas y otras que no es de recibo”, critica Santiago Ollero, subrayando que estos recursos son insuficientes para mitigar los efectos de la reducción de jornada.
Comparaciones con grandes empresas y efecto desigual
En su mensaje, Santiago hace referencia a cómo el Estado ha destinado ayudas específicas a grandes corporaciones, mientras que las pymes y autónomos que generan miles de empleos no reciben el mismo apoyo en circunstancias que, en su opinión, serían incluso más merecedoras de ayuda. El presidente de los gestores compara esta situación con las ayudas recibidas por la multinacional Nissan, que obtuvo 180 millones de euros poco antes de cerrar su planta en la Zona Franca de Barcelona, mientras los pequeños negocios quedan desatendidos.
El próximo informe del Barómetro de los Gestores Administrativos brindará una visión más detallada de la realidad de las pequeñas y medianas empresas, con datos específicos que, según él, ni Gobierno ni Sindicatos tienen a su disposición. “Negociar a ciegas es un error. Imponer es un error”, enfatiza, resaltando la necesidad de flexibilidad y empatía para que estas empresas puedan enfrentarse a los retos sin verse abocadas al cierre.
