Los Gestores Administrativos se han pronunciado sobre la obligación de presentar la declaración de la Renta que deberán afrontar aquellos que perciban una prestación por desempleo. Según han alertado desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, esta medida, que afectará a miles de ciudadanos, no solo conlleva una carga administrativa adicional, sino también un riesgo de perder deducciones importantes, como las relacionadas con descendientes o discapacidades. Fernando Santiago Ollero, presidente de dicho Consejo y del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta normativa podría acarrear.
“Otra pifia normativa más, y van…”, comenzó diciendo Santiago en la nota de prensa remitida a los medios. Para el presidente de los Gestores Administrativos, el problema no reside únicamente en la obligación de declarar, sino en los efectos que esto puede tener en la vida financiera de los ciudadanos. “No se trata tan solo de la obligación administrativa de declarar, sino de las consecuencias que ello tiene en posibles pérdidas de deducciones”, enfatizó. Y es que, según Fernando Santiago Ollero, la inclusión de nuevas fuentes de ingresos que antes no se declaraban podría suponer un golpe para muchas familias, sobre todo aquellas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o cuentan con descendientes o ascendientes a su cargo.
Afectaciones en deducciones y otras implicaciones fiscales
El impacto de esta nueva normativa se deja sentir en varios frentes. Por un lado, las personas que cobren una prestación por desempleo, independientemente de sus ingresos, tendrán que hacer la declaración de la Renta, incluso si estos se encuentran por debajo de los umbrales actuales que eximen de dicha obligación (22.000 euros para un pagador o 15.876 euros para más de un pagador). Esto implica que otras fuentes de renta que anteriormente no estaban sometidas a tributación también deberán ser declaradas. Además, si un contribuyente supera los 1.800 euros de ingresos anuales, podría perder deducciones importantes, como las que se aplican por descendientes o por discapacidad.
Los gestores administrativos han alertado también sobre el cruce anual que afecta a los perceptores del IMV, lo que podría incrementar las devoluciones de estas percepciones y generar reclamaciones previas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. “Hay que tener en cuenta que las prestaciones por desempleo están sujetas a bajas retenciones, por lo que algunos contribuyentes que antes no tenían que declarar ahora se verán obligados a hacerlo, lo que en muchos casos generará declaraciones a ingresar”, advirtió Santiago Ollero.
La normativa no solo afecta a los desempleados, sino que también tiene precedentes en medidas anteriores que obligaban a otros colectivos a presentar la declaración de la Renta, como es el caso de los autónomos. Fernando Santiago recordó que cuando se aprobó el IMV, también se impuso la obligación de declarar a todos los miembros de la unidad de convivencia, aunque no superasen el umbral mínimo para estar obligados a hacerlo. “Si yo fuera la ministra de Hacienda estaría realmente preocupada, porque su compañera de Gabinete se está empeñando en modificarle la normativa del impuesto sobre la Renta”, apuntó el presidente de los Gestores Administrativos.
La falta de coordinación en el Gobierno
Para Santiago Ollero, uno de los grandes problemas radica en la falta de coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno. “El problema es que ha vuelto a faltar diálogo entre departamentos del Gobierno, y el que siempre sale perdiendo es el mismo: el ciudadano. Esa es la única y auténtica verdad”, señala con firmeza en la nota a los medios.
El presidente de los Gestores Administrativos también destacó otras “pifias normativas” recientes, como la modificación del Estatuto de los Trabajadores incluida en la Ley de Paridad, que eliminaba la protección ante despidos para quienes se acogieran al permiso de cinco días o solicitaran una adaptación de jornada. Aunque esta disposición fue corregida posteriormente, Santiago subrayó que es un ejemplo más de la falta de cuidado en la elaboración de normas que impactan directamente a los ciudadanos.
Sanciones y ampliación de servicios
Uno de los puntos más controvertidos de esta nueva obligación es la posibilidad de sanciones. A pesar de que desde el Gobierno se ha afirmado que no habrá sanciones para quienes no declaren, Fernando Santiago no está convencido. “¿Estamos seguros de que si sale a ingresar y se presenta fuera de plazo o se practica una liquidación por la Administración no se va a sancionar?”, se pregunta.
Además, la nueva norma obligará a los gestores administrativos a ampliar sus servicios de asesoría. Fernando Santiago anunció que el turno de renta que lleva a cabo el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que ya ayuda a personas en situación vulnerable con la declaración de la renta, deberá extenderse aún más para cubrir las necesidades derivadas de esta normativa. “El turno de renta que lleva a cabo el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid va a tener que ser ampliado una vez que entre en vigor esta normativa”, afirmó.
Antecedentes de la normativa
El Real Decreto 2/2024 del 21 de mayo modificó la Ley General de la Seguridad Social. Algunos cambios se aplicaron en aquel momento, mientras que otros entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024. Este es el caso del artículo 299, donde se incluye un apartado que establece una nueva obligación de los beneficiarios de la prestación por desempleo: “Presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
A partir de 2024, aquellos que perciban la prestación deberán declarar sus ingresos, sin importar si estos se encuentran por debajo de los umbrales establecidos. El Gobierno justifica esta medida como parte de un esfuerzo por incrementar el control sobre los contribuyentes, algo que ya se hizo con los autónomos en la pasada campaña de la renta.
No obstante, los críticos consideran que esta medida aumenta la carga fiscal y administrativa para sectores ya vulnerables, sin ofrecer soluciones claras. Fernando Santiago es claro en su valoración: “Hay que decirles a las ministras que no nos mientan más, y es que lo hacen cuando afirman que no se van a imponer sanciones a quienes no declaren. El problema es que ha vuelto a faltar diálogo entre departamentos del Gobierno, y el que siempre sale perdiendo es el mismo: el ciudadano. Esa es la única y auténtica verdad”.
Con la nueva normativa a punto de entrar en vigor el 1 de noviembre, muchos se preguntan cómo afectará realmente a los ciudadanos y si habrá suficientes recursos para hacer frente a las nuevas obligaciones.
