En una economía que parece avanzar a medio gas, el dato clave no está en el número total de trabajadores, sino en cuántos realmente sostienen la actividad diaria del país. Según un análisis reciente del Consejo General de Gestores Administrativos, pese a que España cuenta con una población de casi 49 millones de personas, solo unos 20 millones trabajan efectivamente cada día. Es un dato que revela una preocupante fragilidad estructural en el mercado laboral español.
El informe, basado en datos oficiales, ajusta las cifras del número de ocupados para restar el absentismo medio diario y la inactividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. El resultado es claro: el país se mantiene sobre una base laboral mucho más estrecha de lo que sugieren las cifras agregadas. Y eso tiene consecuencias profundas para el presente y el futuro de nuestra economía.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, no ha dudado en calificar esta situación como una “verdad incómoda”. Y lo es, especialmente cuando se cruza con otra debilidad persistente: la baja productividad. En España, el rendimiento por hora trabajada se sitúa en 45,08 euros, muy por debajo de otros países europeos. Francia supera los 100 dólares por hora, Alemania roza los 95, y la media de la OCDE se sitúa en torno a los 70. Mientras tanto, en nuestro país, las cifras apenas se mueven.
Este contexto es especialmente relevante ahora que vuelve a cobrar fuerza el debate sobre la reducción de la jornada laboral. La propuesta de acortar la semana laboral a 37,5 horas puede tener buenas intenciones, pero según los datos, plantea desafíos económicos de enorme calado. Reducir de 1.630 a 1.560 las horas anuales trabajadas por empleado supondría una pérdida de 1.390 millones de horas laborales al año. Para mantener el mismo nivel de producción, habría que contratar a casi 900.000 nuevos trabajadores a jornada completa.
El coste de esa incorporación es monumental. Solo en salarios —calculados al Salario Mínimo Interprofesional— se necesitarían más de 14.000 millones de euros. Si a eso se le suman las cotizaciones sociales, la cifra final supera los 19.250 millones de euros. Según Santiago, “necesitamos políticas que impulsen la productividad, y que el aumento de los costes laborales no recaiga exclusivamente sobre el empresario. Las políticas de empleo también deben asumir parte de esa carga si queremos avanzar en competitividad”.
Pero la reducción de jornada no es la única grieta en el sistema. A ella se suma un fenómeno tan extendido como poco visible: el absentismo estructural. Cada día, más de 1,25 millones de personas con contrato no acuden a su puesto de trabajo. En términos anuales, esta inactividad representa una pérdida de más de 2.000 millones de horas de trabajo, el equivalente a 1,26 millones de empleos. Traducido en cifras económicas, el coste de esta ausencia alcanza los 27.320 millones de euros al año, incluyendo salarios y cotizaciones.
Si se suman ambas realidades —la reducción de jornada y el absentismo—, el panorama se vuelve aún más preocupante. El impacto combinado sobre la economía española se estima en 46.571 millones de euros anuales, lo que representa nada menos que el 3,2 % del PIB. “Si no se compensan las horas que se dejan de trabajar, se pierde producción. Si a eso sumamos el absentismo estructural, el impacto es demoledor. La economía no puede asumir casi un 3,2 % de su PIB en horas que no se trabajan y salarios que sí se pagan”, advierte el presidente de los Gestores Administrativos.
Algunos argumentan que trabajar menos puede derivar en una mayor productividad por hora. Y es cierto que el rendimiento podría mejorar levemente, alcanzando los 47,10 euros por hora, o incluso hasta 52,3 dólares en paridad de poder adquisitivo. Pero esa mejora seguiría siendo insuficiente para cerrar la brecha con nuestros socios europeos. La única solución real, como subraya Santiago, pasa por invertir en innovación, reorganizar el trabajo, digitalizar procesos y apostar por una redistribución más eficiente del esfuerzo laboral.
Lo que está en juego va más allá de ideologías o propuestas políticas. Es una cuestión aritmética. Si cada vez trabajan menos personas y además se trabajan menos horas, el sistema empieza a desequilibrarse. La sostenibilidad económica y social depende de una base laboral sólida, productiva y eficiente. Lo contrario nos aboca, como dice Santiago, al colapso.
Su mensaje es claro: “Si queremos competir con China, tenemos que mejorar la productividad con innovación y tecnología, y con diálogo social. Si no somos capaces, entonces solo nos queda una alternativa: exportar a China nuestros agentes sociales”.
Desde el Consejo General de Gestores Administrativos se insiste en que ha llegado el momento de abordar estas cuestiones con rigor y visión de futuro. El país no puede permitirse perder talento, tiempo y dinero en una estructura que no premia el esfuerzo ni genera el valor suficiente. Apostar por elevar la productividad laboral en España ya no es una opción: es una necesidad urgente.
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