El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha implementado una serie de cambios significativos que afectan directamente a los trabajadores que se encuentran en baja laboral por Incapacidad Temporal (IT) y han superado los 18 meses de ausencia. Esta medida implica que, pasados los 730 días (18 meses de baja laboral), las mutuas deberán seguir asumiendo el pago de la prestación hasta que se determine si el trabajador podrá reincorporarse o si debe recibir una calificación de incapacidad permanente.
Nuevo marco de la Incapacidad Temporal
La Incapacidad Temporal, tal como establece la normativa vigente, otorga una cobertura inicial de hasta 360 días de baja, con la posibilidad de extender el plazo hasta 545 días si los médicos consideran que la recuperación es viable en ese periodo. Sin embargo, una vez transcurridos estos 18 meses, el proceso de revisión médica y los trámites de calificación del estado del trabajador suelen extenderse mucho más allá de los plazos previstos.
Estos cambios recientes en la normativa, que permiten que la responsabilidad de las mutuas se extienda tras los 730 días, suponen un alivio financiero para los trabajadores que aún no han sido dados de alta ni han obtenido una resolución sobre su estado de salud.
Exámenes médicos y obligaciones de las mutuas
La Seguridad Social establece que, una vez cumplidos los 545 días de baja, los trabajadores deben ser sometidos a una evaluación médica exhaustiva. Es en este punto donde el tribunal médico decide si el trabajador puede reincorporarse o si debe iniciar el proceso para obtener la incapacidad permanente, en caso de que la recuperación no sea posible. Para la mayoría de los casos, esta revisión médica puede tardar hasta seis meses. Sin embargo, en situaciones complejas, el proceso de evaluación se extiende, superando en ocasiones los 730 días.
Este cambio responde a la necesidad de evitar que el trabajador quede en una situación de vulnerabilidad económica por retrasos en el sistema de valoración médica. Según los nuevos criterios establecidos, las mutuas están obligadas a continuar el pago de la prestación de baja, incluso después de los dos años, hasta que se dicte un resultado concluyente.
Impacto en los trabajadores y empresas
Uno de los aspectos clave de esta medida es que, aunque el trabajador pueda superar los 18 meses de baja, su empresa ya no tendrá la obligación de cotizar a la Seguridad Social en su nombre. A pesar de esto, el trabajador seguirá recibiendo su prestación económica, una disposición que asegura su protección financiera mientras dure el proceso de evaluación.
De este modo, se garantiza que los trabajadores no tengan que regresar a sus empleos antes de que su estado de salud lo permita. Las bajas prolongadas, más comunes de lo que se podría pensar, pueden requerir hasta años para resolver la situación de los afectados. En estos casos, el tiempo adicional de cobertura económica puede marcar una diferencia significativa en la vida de los trabajadores y sus familias.
Para los empleadores, la medida significa que no tendrán que asumir la carga de las cotizaciones una vez se superen los 18 meses de baja de un empleado. Sin embargo, aún deben enfrentar los desafíos operativos y logísticos derivados de la prolongada ausencia de personal en baja.
Muchas empresas cuentan con los servicios de una gestoría administrativa que les garantice el cumplimiento de la normativa laboral y el asesoramiento adecuado en casos de bajas laborales de sus trabajadores.
¿Es legal salir a pasear durante una baja laboral?
La baja laboral implica una serie de restricciones tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana del trabajador. A pesar de estas limitaciones, la normativa no establece de forma explícita la prohibición de realizar actividades como pasear, siempre y cuando el estado de salud de la persona lo permita y no interfiera con el proceso de recuperación. En general, las restricciones específicas dependen de las recomendaciones médicas y del tipo de lesión o condición que originó la baja.
Además, cuando la baja se extiende más allá de los 18 meses, muchos trabajadores temen el impacto que pueda tener en su desarrollo profesional o en su relación con la empresa. Esta preocupación, aunque legítima, se ve aliviada con la nueva disposición que garantiza el pago de la prestación sin que el trabajador deba preocuparse por la pérdida de ingresos mientras dure el proceso de revisión.
El tema de las actividades permitidas durante la baja también ha sido objeto de debate. Aunque es legal que el trabajador realice determinadas actividades fuera del hogar, en caso de que su situación médica lo permita, es esencial que este respete las recomendaciones médicas y las limitaciones de su caso. En los casos en que se requiera un cambio de residencia o un viaje, el trabajador debe obtener autorización previa de su médico de cabecera, un aspecto que algunos trabajadores desconocen y que puede tener repercusiones legales.
Futuro y desafíos de la medida
Si bien la medida responde a una necesidad clara de proteger al trabajador, plantea desafíos logísticos para las mutuas, que deben asumir los pagos de prestaciones de aquellos casos en los que la evaluación médica se dilata más de lo esperado. Esto puede significar una carga adicional en términos de costos y administración para estas entidades.
En el contexto de la actual normativa laboral y de seguridad social, las bajas prolongadas representan un importante reto económico y social. Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social sigue trabajando en mejorar los tiempos de respuesta, es probable que aún persistan demoras en algunos casos. A medida que el sistema intenta adaptarse para responder a las necesidades de los trabajadores en condiciones de salud más complejas, la implicación de las mutuas a largo plazo se convierte en un aspecto esencial para garantizar la estabilidad de quienes dependen de estas prestaciones.
Los cambios en la normativa de Incapacidad Temporal también reflejan la realidad de un mercado laboral en constante transformación, donde los trabajadores enfrentan retos crecientes en su bienestar físico y mental. Esta medida de extensión en el pago de prestaciones, que ahora recae sobre las mutuas, podría ser una señal de los futuros ajustes en el sistema de seguridad social de España, con el objetivo de hacer frente a las complejidades de las condiciones de salud a largo plazo.
